Un pacto para defender la democracia
El Pacto de Puntofijo fue firmado el 31 de octubre de 1958 por representantes de Acción Democrática (AD), COPEI y Unión Republicana Democrática (URD), tras la caída de Marcos Pérez Jiménez. El acuerdo buscó defender el proceso electoral, formar un gobierno de unidad nacional y sostener un programa mínimo compartido. No fue una constitución ni una alianza para que un solo partido gobernara para siempre.
El contexto importa. Venezuela venía de dictaduras, golpes y una confrontación partidista que había dejado heridas profundas. Los acuerdos de 1958 intentaron impedir que la competencia política destruyera la democracia recién restablecida. Pero el pacto no incluyó a todas las fuerzas: el Partido Comunista de Venezuela quedó fuera de la firma, pese a su papel en la oposición a la dictadura. Esa exclusión debe reconocerse al contar la historia; también debe distinguirse de la afirmación exagerada de que el pacto abolió toda participación política.
La consolidación institucional requirió más que el documento. Hubo elecciones competitivas, gobiernos civiles, fuerzas partidistas organizadas y transferencias pacíficas del poder. En 1968, Rafael Caldera ganó la presidencia por COPEI y AD entregó el gobierno. La alternancia entre rivales con programas distintos fue una señal importante de que la competencia podía producir cambios de gobierno sin golpe militar.
La fuerza organizativa y el predominio
AD y COPEI construyeron organizaciones nacionales capaces de vincular comunidades, sindicatos, asociaciones, líderes locales y electores con el Estado. Esa infraestructura ayudó a que la democracia tuviera raíces sociales y no dependiera solo de pactos entre figuras de Caracas. Los partidos formaban cuadros y ofrecían vías para participar en la vida pública.
Con el tiempo, ambos se convirtieron en los principales vehículos para acceder al poder. La alternancia presidencial entre ellos reforzó la estabilidad, pero también concentró la representación. La Fundación Empresas Polar resume que la mayor parte del personal político y burocrático que gobernó Venezuela desde 1959 procedió de esos dos partidos. Esa centralidad podía hacer más coherentes las decisiones públicas; también aumentaba el riesgo de que el Estado se confundiera con las redes partidistas.
El sistema tenía contradicciones desde temprano. El pacto original incluía a URD, pero la competencia y las coaliciones cambiaron con los años. La estabilidad electoral no significó que toda la sociedad se sintiera representada, ni que todas las políticas fueran pactadas del mismo modo. Estudios del sistema de partidos describen cómo un esquema inicialmente plural se fue concentrando en AD y COPEI y cómo esa concentración se volvió vulnerable cuando las organizaciones dejaron de adaptarse a las demandas sociales.
La renta petrolera amplió expectativas y dependencias
El crecimiento de los ingresos petroleros dio a los gobiernos un margen excepcional para financiar programas e inversión. AD y COPEI gobernaron dentro de un Estado que podía distribuir recursos sin depender tanto de impuestos recaudados directamente de los ciudadanos. Esa relación tuvo beneficios reales, pero hizo más fácil que la competencia política prometiera servicios, empleos y subsidios sin explicar sus costos o su sostenibilidad.
El Estado petrolero no fue inventado por un solo partido. La expansión de empresas públicas, controles y programas de desarrollo cruzó gobiernos y corrientes políticas. Cuando los precios bajaron, las obligaciones y expectativas permanecieron. La crisis económica de los años ochenta hizo más visible la distancia entre la promesa de bienestar y la capacidad de sostenerlo. Atribuir todos los problemas a «los partidos» es tan impreciso como exonerarlos porque hubo factores externos.
La democracia también tuvo que responder a una sociedad más urbana, educada y diversa. Los partidos que en otro momento habían organizado la participación podían volverse rígidos cuando las candidaturas, los cargos y las decisiones se distribuían dentro de círculos cerrados. La disciplina interna y la negociación legislativa ayudaban a gobernar; cuando reducían la competencia y la renovación, alimentaban la impresión de que las alternativas estaban decididas antes de que votara el ciudadano.
El desgaste no fue una sola causa
En los años noventa convergieron deterioro económico, denuncias de corrupción, pérdida de confianza, divisiones internas y descontento con los ajustes económicos. El Caracazo de 1989 expresó una protesta masiva y fue seguido por una respuesta estatal violenta. Los intentos de golpe de 1992 mostraron que sectores militares podían desafiar el orden constitucional, aunque no consiguieron apoyo suficiente para reemplazarlo. En 1993, Carlos Andrés Pérez fue separado de la presidencia después de que la Corte Suprema admitiera un antejuicio de mérito, y el Congreso designó a Ramón J. Velásquez para completar el período.
Rafael Caldera, antiguo dirigente de COPEI, ganó las elecciones de 1993 con Convergencia y el apoyo de una coalición más amplia, no como candidato copeyano. Ese resultado mostró que el electorado podía buscar alternativas fuera de las dos organizaciones dominantes. En 1998, Hugo Chávez ganó con 56,20% de los votos presidenciales según los resultados históricos atribuidos al CNE. AD y COPEI apoyaron a otros candidatos y sufrieron un colapso electoral. El resultado fue una ruptura partidista, no una prueba de que todos los votantes compartieran una sola motivación.
Los estudios académicos no reducen ese colapso a una explicación única. Algunos subrayan la representación cerrada y la incapacidad de adaptación; otros destacan la crisis económica, el cambio en las identidades sociales, la personalización del liderazgo y la erosión de la legitimidad. El análisis serio examina cómo esas causas interactuaron, en vez de elegir una consigna y acomodar los hechos a ella.
Lo que se debe conservar y lo que se debe corregir
El legado de AD y COPEI no puede evaluarse con una contabilidad moral de blanco o negro. Ayudaron a sostener elecciones, organización política y transferencias civiles durante décadas. También participaron en un sistema que se hizo demasiado dependiente de las rentas, de acuerdos entre cúpulas y de maquinarias partidistas que perdieron contacto con parte de la ciudadanía. Reconocer la primera parte no cancela la segunda.
La lección institucional es que los partidos son necesarios y pueden volverse parte del problema. Una democracia necesita organizaciones capaces de formar equipos, representar intereses y competir con programas. También necesita primarias o procedimientos internos creíbles, financiamiento transparente, rendición de cuentas y límites que impidan que el partido controle cada espacio del Estado.
MVGA debe sostener una crítica firme a la vieja dirigencia sin borrar el período democrático en el que gobernó. «Cuatro décadas de democracia» no significa cuatro décadas perfectas; «desgaste de los partidos» no vuelve legítima cualquier alternativa autoritaria. El derrumbe de AD y COPEI dejó un vacío que fue ocupado por un movimiento con promesas de refundación. La historia posterior demuestra que destruir partidos existentes no garantiza instituciones más libres.
La pregunta útil no es si Venezuela debe regresar a un sistema de dos partidos. Es cómo crear organizaciones abiertas que sobrevivan a sus fundadores, acepten perder elecciones y protejan el derecho de sus adversarios a competir. Sin esa cultura, cada crisis invita a buscar un salvador; con ella, el poder puede cambiar de manos sin que la república desaparezca.
Fuentes y referencias
- Fundación Empresas Polar, «Partidos políticos».
- Fundación Empresas Polar, «Pacto de Punto Fijo».
- David J. Myers, «Venezuela’s Political Party System: Defining Events, Reactions and the Diluting of Structural Cleavages,» Party Politics (1998): Consultar fuente
- Aníbal F. Gauna, «Revisiting the Issue of Democratic Deterioration in Venezuela, 1974–1998,» Democratization (2017): Consultar fuente
- Banco Interamericano de Desarrollo, Political Institutions, Policymaking Processes and Policy Outcomes in Venezuela, sección «The Rise and Decline of Venezuela’s Democratic Party System»: Consultar fuente
- Georgetown University, Political Database of the Americas, resultados de la elección presidencial de 1998, atribuidos al Consejo Nacional Electoral.