Ilustración editorial para Carlos Andrés Pérez: modernización, poder y ruptura

Dos presidencias diferentes

Carlos Andrés Pérez (CAP) fue presidente en dos períodos no consecutivos: 1974–1979 y 1989–1993. La misma figura que en su primer gobierno encarnó la promesa de una «Gran Venezuela», en el segundo enfrentó una economía con desequilibrios acumulados y menos margen para financiar el modelo anterior. Comparar ambos períodos ayuda a entender cómo cambió el país y qué costos dejó pendiente la bonanza.

Su primer mandato coincidió con el aumento mundial de los precios del petróleo. El gobierno amplió la inversión pública, impulsó industrias, promovió servicios y nacionalizó el hierro y el petróleo. La industria petrolera pasó a manos del Estado en 1976 y PDVSA comenzó a operar. Esa decisión tuvo un amplio respaldo nacionalista y buscaba que la renta y la gestión del recurso estratégico quedaran bajo control venezolano.

La expansión también elevó las expectativas de lo que el Estado podía hacer. Grandes programas requerían una administración capaz de planificar, ejecutar, medir costos y sostener servicios. El alza petrolera facilitó proyectos, pero no eliminó los límites de productividad ni garantizó que cada inversión generara capacidad duradera. El reto de CAP I fue convertir una bonanza extraordinaria en una economía menos dependiente de la próxima bonanza.

La nacionalización, por sí sola, no resolvía cómo se gobernaría la industria ni cómo se traducirían sus ingresos en productividad extendida. La creación de PDVSA estableció una empresa estatal con capacidad técnica que luego sería motivo de orgullo nacional; al mismo tiempo, situó una parte creciente de la economía bajo decisiones de un Estado cuya rendición de cuentas debía fortalecerse. El balance exige observar tanto la capacidad creada como la dependencia política y fiscal que siguió creciendo.

El regreso en medio de la crisis

Pérez volvió a la presidencia en febrero de 1989 en un contexto muy distinto. La crisis fiscal y externa, el endeudamiento, la inflación y el agotamiento de los controles cambiarios limitaban la capacidad de repetir la estrategia de los setenta. El 16 de febrero anunció un programa de ajuste macroeconómico que incluyó reducción de subsidios, cambios en precios y tarifas, apertura y reformas. El gobierno argumentó que era necesario corregir desequilibrios; sectores afectados enfrentaron aumentos abruptos en el costo de vida.

La Fundación Empresas Polar registra que en 1989 la inflación se estimó en 84,5% y la economía se contrajo alrededor de 8,1%. También anota que aumentaron las reservas y se redujeron los déficits fiscal y externo. Estos indicadores describen resultados macroeconómicos del año, no el costo social completo ni una prueba de que cada medida fuese correcta. Una evaluación justa debe considerar ambos lados y distinguir entre el diseño del programa, su secuencia y la capacidad de proteger a los hogares vulnerables.

El paquete fue anunciado poco antes de que se aplicaran algunos aumentos de transporte. Entre el 27 de febrero y los días siguientes se produjeron protestas y saqueos en Caracas y otras ciudades, conocidos como el Caracazo. La respuesta estatal incluyó suspensión de garantías y uso de fuerzas de seguridad. La cifra de fallecidos y la reconstrucción exacta de eventos son materias que deben exponerse con fuentes judiciales y de derechos humanos; la violencia y las violaciones documentadas no pueden ocultarse detrás del debate económico.

Golpes y fragilidad democrática

El gobierno enfrentó dos intentos de golpe militar en 1992, el 4 de febrero y el 27 de noviembre. Ambos buscaron derrocar a un presidente electo y fueron derrotados. Las dificultades de la democracia no convierten una insurrección militar en solución legítima. La crisis debía resolverse mediante mecanismos civiles, reformas, elecciones y responsabilidad constitucional.

Pérez quedó cada vez más aislado políticamente. En mayo de 1993 la Corte Suprema declaró que había mérito para enjuiciarlo y el Senado autorizó el proceso, con su separación del cargo. La causa se refería al uso de 250 millones de bolívares de una partida secreta. El 30 de mayo de 1996 la Corte lo condenó a dos años y cuatro meses por malversación genérica agravada. La declaración de mérito, la separación del poder y la sentencia fueron actos diferentes. La condena debe describirse por el delito resuelto, sin convertirla en prueba de apropiación personal de todos esos fondos ni de todas las denuncias políticas contra su gobierno.

La suspensión mostró que los mecanismos constitucionales podían actuar contra un presidente en ejercicio. También ocurrió en un ambiente de desgaste profundo, bajo presión pública y con cálculos políticos. Las instituciones democráticas no son perfectas por el hecho de que un procedimiento sea legal; su legitimidad depende también de reglas claras, pruebas, defensa y aplicación consistente.

Un balance que resiste la consigna

Pérez representó una versión ambiciosa del Estado petrolero: durante su primer gobierno, el país buscó acelerar la modernización mediante empresas públicas, inversión y grandes proyectos. Durante el segundo, intentó modificar un sistema que ya no podía sostenerse con los ingresos disponibles. Las decisiones de ambas etapas tuvieron consecuencias que merecen análisis particular.

Su figura no debe ser presentada como la causa única del declive venezolano. El deterioro fue acumulativo, involucró distintos gobiernos, cambios internacionales y problemas institucionales. Tampoco se debe exonerar a la dirigencia de responsabilidad porque algunas tendencias fueran heredadas. Las autoridades eligen cómo responder a las crisis y deben explicar sus decisiones ante la ciudadanía.

La lección para MVGA es que la capacidad de liderar no se mide solo por la audacia de anunciar cambios. También se mide por la preparación de las medidas, la transparencia de las cuentas, el respeto a los derechos, la protección de quienes asumen el costo inmediato y la capacidad de construir respaldo democrático. Un ajuste puede ser necesario y, aun así, estar mal diseñado o ejecutado. Una obra puede ser valiosa y, a la vez, financiarse de forma irresponsable.

CAP dejó dos imágenes políticas que se contradicen solo si se ignora el contexto: el presidente de la abundancia que prometió transformar el país y el gobernante que aplicó un giro económico en medio de una crisis severa. La historia debe mantener ambas a la vista. En lugar de preguntar únicamente si fue un buen o mal presidente, conviene preguntar qué instituciones permitieron expandir el gasto sin construir resiliencia, cómo se distribuyeron los costos del ajuste y qué protecciones hacen falta para que una reforma no se convierta en una crisis social.

Fuentes y referencias

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