Una historia anterior a 1999
El chavismo no inventó la presencia del Estado en la economía venezolana. Mucho antes de 1999, los gobiernos habían usado la renta petrolera para financiar infraestructura, servicios, industrias y empresas públicas. La economía dependía de las exportaciones de hidrocarburos y del flujo de divisas que el sector petrolero aportaba. Esa realidad hizo que la política sobre el petróleo fuera también política sobre el presupuesto, el tipo de cambio y las oportunidades de inversión.
El Estado no creció con una sola ideología ni en un único momento. Los gobiernos de la etapa democrática posterior a 1958 combinaron la promoción industrial, protección arancelaria, inversión pública y participación privada. En los años setenta, los altos precios petroleros ampliaron el tamaño del sector público. En los ochenta, los controles y las restricciones se intensificaron durante la crisis cambiaria. En los noventa, hubo reformas de liberalización parcial y apertura petrolera, mientras la administración pública continuó siendo central para distribuir la renta.
Por eso, «estatismo» sirve como una categoría de análisis, pero no como explicación automática. Hay que distinguir al menos cuatro cosas: propiedad estatal de una empresa; regulación de una actividad privada; planificación de inversiones; y control de precios o divisas. Cada herramienta puede tener objetivos, efectos y riesgos distintos. Llamarlas todas «socialismo» borra las diferencias históricas y vuelve imposible evaluar resultados.
Industrialización y sustitución de importaciones
Desde mediados del siglo XX, Venezuela intentó desarrollar industrias nacionales para reducir la dependencia de bienes manufacturados importados. La estrategia de sustitución de importaciones utilizó protección arancelaria, incentivos, crédito y empresas públicas. La renta petrolera permitió financiar infraestructura y crear un mercado interno. Un estudio del Banco Mundial observa que entre 1958 y 1972 el PIB no petrolero creció con fuerza y que la sustitución de importaciones redujo la proporción de importaciones en el consumo privado.
Ese proceso produjo capacidades reales: industria, empleos urbanos, redes eléctricas y carreteras. La discusión no debe empezar suponiendo que la protección fue inútil. La pregunta es si las protecciones crearon empresas capaces de competir y producir con eficiencia, o si se volvieron permanentes y dependientes de favores, insumos importados y barreras contra nuevos competidores.
El propio Banco Mundial identificó capas de intervención que podían volverse descoordinadas, contradictorias y discrecionales. Una industria protegida puede crecer al principio, pero si no enfrenta criterios de desempeño, innovación o competencia, puede aprender a buscar excepciones en vez de mejorar. Esa es una crítica institucional: el problema no es que el Estado haya promovido una actividad, sino que los incentivos no siempre exigían resultados ni permitían corregir errores.
Petróleo nacionalizado y empresas públicas
En 1975 se aprobó la reserva al Estado de la industria y el comercio de los hidrocarburos; la nacionalización entró en vigor el 1 de enero de 1976 y dio origen a PDVSA. La decisión contó con amplio respaldo político y buscaba que el país administrara su recurso principal. La empresa desarrolló una estructura técnica y operativa que durante años tuvo reputación de profesionalismo y capacidad internacional.
La propiedad estatal no determinó por sí sola si la empresa funcionaba bien o mal. Importaban su autonomía, las reglas de nombramiento, la reinversión, la supervisión, la relación con el presupuesto y la capacidad de sostener conocimientos especializados. La experiencia de PDVSA antes de Chávez muestra que una empresa pública puede operar con estándares profesionales, aunque siempre necesite controles democráticos y rendición de cuentas. También muestra el riesgo de confundir autonomía gerencial con ausencia de supervisión política legítima.
La apertura petrolera de los años noventa modificó contratos y amplió la participación de capital extranjero bajo reglas que seguían reservando al Estado un papel central. Esas decisiones suscitaron desacuerdos sobre soberanía, inversión, ingresos fiscales y control nacional. La política petrolera nunca fue un asunto puramente técnico: cada modelo respondía a una concepción sobre cómo convertir un recurso agotable en bienestar y poder nacional.
La renta como forma de gobierno
Cuando el Estado recibe la mayor parte de sus recursos de una exportación, se crea una relación política particular. Los ciudadanos pueden recibir beneficios sin ver claramente el costo fiscal que los financia; los gobernantes pueden distribuir recursos sin fortalecer la recaudación ni negociar prioridades con los contribuyentes. Eso no significa que los venezolanos carecieran de ciudadanía o que todos los programas fueran clientelares. Significa que la renta podía debilitar la conexión entre impuestos, representación y control público.
La concentración de recursos también hizo atractiva la competencia por dominar el aparato estatal. Si permisos, contratos, divisas y empleos dependen de decisiones administrativas, el acceso a la autoridad puede producir ventajas económicas extraordinarias. En ese contexto, la expansión estatal y la corrupción no son sinónimos, pero la opacidad y la discreción aumentan oportunidades para el favoritismo.
El período anterior a Chávez no fue una línea recta hacia el autoritarismo. Venezuela celebró elecciones, permitió alternancia partidista y mantuvo espacios de pluralismo que no deben borrarse. A la vez, la crisis de representación, la dependencia petrolera y la debilidad de ciertas instituciones facilitaron que una promesa de refundación radical encontrara apoyo. El chavismo recibió estructuras estatales ya centralizadas y las transformó, politizó y amplió bajo un proyecto distinto.
Qué cambió con Chávez
La continuidad del Estado petrolero no equivale a continuidad de todas las políticas. Chávez expandió el control presidencial y partidista sobre instituciones, ingresos y empresas públicas, y subordinó buena parte de la política petrolera a objetivos políticos de su gobierno. El grado y las etapas de ese cambio deben documentarse en los artículos sobre su presidencia y sobre PDVSA. Para esta pieza basta con fijar la distinción: la tradición de intervención estatal antecede al chavismo; la forma en que el chavismo concentró y usó ese poder fue una ruptura que requiere análisis propio.
Decir «el Estado ya era grande» no exonera la destrucción de contrapesos posterior. Decir «Chávez lo cambió todo» tampoco explica por qué instituciones y hábitos rentistas ofrecían una base sobre la cual centralizar aún más. La historia política requiere examinar tanto las continuidades que hicieron posible el cambio como las decisiones nuevas que lo llevaron a otro nivel.
Una lección institucional
La pregunta productiva no es cuánto Estado debe existir en abstracto. Es qué tareas puede cumplir con eficacia, con qué límites, bajo qué supervisión y con qué resultados públicos. Un Estado capaz de administrar justicia, proteger derechos, financiar bienes comunes y regular monopolios no es lo mismo que un Estado que asigna oportunidades según lealtades políticas. La alternativa al control discrecional no es abandonar a la población ni renunciar a la regulación; es definir reglas generales y hacerlas cumplir.
MVGA debe abordar el estatismo venezolano sin nostalgia por un Estado que nunca fue neutral ni ideal y sin fingir que la economía puede funcionar bien con instituciones débiles. La república necesita una ciudadanía que conozca el presupuesto, empresas públicas sujetas a auditorías, decisiones regulatorias transparentes y un sector privado que compita bajo reglas previsibles. La iniciativa pública puede impulsar proyectos; debe rendir cuentas si fracasa.
La herencia rentista no se resuelve con un nuevo eslogan ni con una transferencia de activos sin reglas. Se supera cuando los ingresos del petróleo dejan de ser el atajo para comprar estabilidad y se convierten en una parte transparente de una economía diversificada y de una ciudadanía con derechos exigibles. Esa transformación es la tarea que las distintas generaciones de gobiernos dejaron incompleta.
Fuentes y referencias
- Banco Mundial, Venezuela: The Challenge of Sustaining Growth, análisis de industrialización, sustitución de importaciones e intervención estatal: Consultar fuente
- Banco Mundial, Venezuela: The Challenge of Sustaining Growth, sección sobre las políticas de intervención hasta 1989: Consultar fuente
- Fondo Monetario Internacional, «Venezuela» (1996), reseña de política comercial e industrial de las décadas de 1970 y 1980: Consultar fuente
- María Teresa Giacalone, «La relación entre PDVSA, Estado y nacionalismo económico en Venezuela (1976–2003) desde el institucionalismo,» Anuario Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo: Consultar fuente
- Jonathan Di John, From Windfall to Curse? Oil and Industrialization in Venezuela, 1920 to the Present: Consultar fuente
- Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, Gaceta Oficial extraordinaria n.º 1.769, 29-08-1975, reproducción del texto.
- Departamento de Estado, FRUS 1969-1976, documento 392, registro de la firma de la ley y el inicio de la operación estatal en enero de 1976.