Mucho Estado, poca capacidad
Una sociedad puede convivir con una administración que autoriza demasiadas cosas y resuelve muy pocas. El ciudadano solicita permisos, entrega documentos y espera decisiones, mientras encuentra servicios deficientes y escasa protección frente al abuso. El poder se siente en cada trámite y se ausenta cuando hace falta una respuesta. La extensión de sus atribuciones no se traduce en eficacia.
En el cierre de Arturo es el hombre, La Palabra Compartida presenta una lectura de Uslar que combina funciones públicas importantes con límites al Estado y garantías de libertad. Sus autores mencionan educación, salud, seguridad y justicia. Esa interpretación no permite convertirlo sin más en partidario de un Estado mínimo; sí permite discutir la diferencia entre cumplir funciones y absorber la vida social.
La fortaleza que necesita el ciudadano
Un Estado capaz hace cumplir decisiones legales, protege personas y sostiene procedimientos previsibles. Su fuerza no consiste en imponer una voluntad ilimitada, sino en ejecutar responsabilidades conocidas. Si puede confiscar arbitrariamente pero no proteger una propiedad frente a terceros, dispone de poder coercitivo y carece de una garantía republicana elemental.
El límite no debilita esa capacidad. La vuelve confiable. Un funcionario que debe motivar sus decisiones y puede ser revisado tiene menos espacio para convertir un trámite en amenaza. La seguridad jurídica protege al ciudadano y también facilita la inversión y el trabajo. La arbitrariedad puede producir obediencia inmediata mientras destruye la confianza necesaria para que alguien emprenda algo duradero.
La socialdemocracia ante el Estado repartidor
MVGA dirige su crítica a una tradición que amplía la dependencia del presupuesto y presenta al administrador como mediador imprescindible. El problema no se agota en el monto del gasto. Importa quién decide, bajo qué condiciones y con qué posibilidades de revisión. Una transferencia puede atender una urgencia; una estructura permanente de favores puede organizar la subordinación política.
El chavismo radicalizó la apropiación del Estado y su identificación con una causa. Una oposición que aspire únicamente a gestionar mejor esa concentración conserva una parte del problema. La reconstrucción debe preguntar qué actividades podrán desarrollarse sin permiso discrecional y qué facultades perderá el gobernante para que el ciudadano gane autonomía. Cambiar al administrador no alcanza si la relación permanece intacta.
El criterio de la función
Una discusión concreta comienza por identificar objetivos, recursos y resultados. No basta defender o rechazar una institución por su nombre. Hay que examinar si resuelve una necesidad, si duplica funciones y si sus decisiones pueden controlarse. También hay que reconocer los costos que impone a quienes pretende servir. La capacidad pública exige administración y evaluación, no solo voluntad política.
La lectura de Uslar que recupera esta biblioteca invita a abandonar dos confusiones: llamar fuerte a cualquier poder expansivo y llamar social a cualquier dependencia financiada por el Estado. Venezuela necesita instituciones que actúen donde tienen responsabilidad y se detengan donde empiezan los derechos de las personas. Una República se mide por lo que permite hacer a sus ciudadanos tanto como por lo que hace su gobierno.