Una dictadura que perdió apoyos
El gobierno de Marcos Pérez Jiménez combinó grandes obras públicas y un proyecto de modernización con poder militar, restricción de libertades, censura y represión política. En 1957 el régimen organizó un plebiscito para prolongar el mandato presidencial, en vez de una elección competitiva. Esa decisión agravó un descontento que ya tenía varias fuentes: fracturas dentro de las Fuerzas Armadas, oposición clandestina, protesta estudiantil y rechazo a la ausencia de competencia política.
La crisis no empezó una sola noche. El 1 de enero de 1958 hubo un alzamiento militar que fue derrotado. La respuesta del gobierno no restauró su autoridad: hubo cambios de gabinete, detenciones y nuevas protestas. El 21 de enero, una huelga de prensa se convirtió en huelga general. Partidos, estudiantes, sectores empresariales y culturales, la Junta Patriótica y manifestantes participaron en una movilización que ayudó a quebrar la lealtad del aparato militar. El 23 de enero, las Fuerzas Armadas dejaron de sostener al presidente; Pérez Jiménez salió del país y asumió una Junta de Gobierno presidida por Wolfgang Larrazábal.
La caída fue resultado de presiones que convergieron, no una operación de un solo partido ni un gesto espontáneo de una sola institución. Acción Democrática, COPEI, Unión Republicana Democrática y el Partido Comunista participaron en la resistencia en distintos grados y condiciones. La Junta Patriótica reunió actores que luego tendrían diferencias profundas. La importancia histórica de la fecha está en esa convergencia y en la caída de un régimen que ya no podía gobernar únicamente por coerción.
El reto de gobernar después de la caída
La salida de Pérez Jiménez no resolvió automáticamente los problemas del país. La Junta heredó una situación fiscal difícil, cuentas pendientes con proveedores y una economía que afrontaba cautela e incertidumbre. También tuvo que organizar elecciones y contener el riesgo de una nueva intervención militar.
En 1958 los partidos pudieron reorganizarse y competir nacionalmente. El 31 de octubre, AD, COPEI y URD suscribieron el Pacto de Punto Fijo. Sus firmantes acordaron defender la constitucionalidad y reconocer el resultado electoral, integrar un gobierno de unidad nacional y respaldar un programa mínimo común. El pacto buscaba evitar que el ganador gobernara aislado y reducir el riesgo de un golpe o una restauración autoritaria.
El pacto no fue un acuerdo de todos los partidos: el Partido Comunista de Venezuela no lo firmó, pese a que había participado en la resistencia contra Pérez Jiménez. Este dato debe presentarse con cuidado. El pacto no suprimía legalmente a los partidos que quedaron fuera ni era, por su texto, un reparto de todos los cargos; sí estableció un núcleo de coordinación entre sus tres firmantes, con ventajas políticas concretas. La crítica de MVGA puede estudiar la exclusión y la concentración de la representación sin transformar una lectura posterior en una cláusula literal que el documento no contiene.
La elección y la promesa de estabilidad
El 7 de diciembre de 1958, Rómulo Betancourt ganó la presidencia con 49,18 % de los votos. Wolfgang Larrazábal obtuvo 34,59 % y Rafael Caldera 16,19 %. El resultado dio legitimidad electoral a un gobierno civil después de una década de dominio militar. La Constitución de 1961 y la alternancia posterior construyeron una continuidad democrática de casi cuatro décadas, algo excepcional en una historia marcada por interrupciones institucionales.
Ese logro no convierte el período en una democracia sin fallas. El sistema de partidos concentró la representación; los acuerdos de élite, el uso de la renta petrolera, las prácticas clientelares y la distancia entre dirigentes y ciudadanos se volvieron parte de una crisis posterior. Pero el análisis debe distinguir etapas: la estabilidad constitucional y la competencia electoral fueron reales; también lo fueron las exclusiones, los conflictos, las guerrillas, la respuesta estatal y, con el tiempo, el desgaste de AD y COPEI.
La crítica de MVGA no necesita negar la importancia de 1958. Puede reconocer la caída de una dictadura y el restablecimiento de elecciones, y a la vez preguntar cómo la nueva democracia administró la renta, cómo incorporó a los ciudadanos y por qué perdió credibilidad. Una república que se presenta como alternativa debe aprender de ambas partes de la experiencia.
Una transición civil con una sombra militar
La caída de Pérez Jiménez fue impulsada por la protesta civil y por sectores militares que terminaron retirándole apoyo. Sin embargo, las Fuerzas Armadas conservaron influencia política y la transición no eliminó de inmediato la posibilidad de un golpe. Las rebeliones militares de 1962, entre ellas Carupanazo y Porteñazo, muestran que la subordinación militar a las instituciones civiles fue un proceso, no una consecuencia automática del 23 de enero.
El nuevo orden tuvo que equilibrar unidad y pluralismo. El Pacto de Punto Fijo ayudó a sus firmantes a compartir responsabilidades y a defender el resultado de las urnas. A la vez, al dejar fuera a una fuerza que había participado en la oposición, alimentó debates sobre los límites de esa unidad. El problema no se resuelve llamando al pacto «democrático» o «excluyente» en abstracto: hay que leer su texto, revisar su aplicación y seguir las decisiones que modificaron la práctica política.
La lectura de MVGA
Para MVGA, 1958 representa una victoria contra la dictadura y el inicio de una experiencia democrática que no logró corregir la dependencia de la renta ni consolidar una relación de confianza duradera entre ciudadanos y partidos. La propuesta de una Sexta República no pretende borrar esa historia. Busca conservar lo que merece continuidad —elecciones competitivas, libertades y límites al poder— y revisar lo que convirtió al Estado en centro de distribución y a los partidos en guardianes de acceso.
La pregunta que deja 1958 es práctica: ¿cómo crear unidad nacional sin cerrar la representación?, ¿cómo impedir que una coalición de transición se convierta en una élite permanente?, ¿cómo asegurar que las Fuerzas Armadas no vuelvan a arbitrar la política?, ¿cómo financiar derechos sin hacer al ciudadano dependiente del favor del gobernante? La propuesta de MVGA responde con controles al Ejecutivo, competencia abierta, servicio público por capacidad y administración fiscal transparente, sometidos a discusión pública.
Fuentes y referencias
- Fundación Empresas Polar, «23 de enero de 1958», cronología del movimiento cívico-militar y de la huelga general.
- Fundación Empresas Polar, «Pérez Jiménez, Marcos, gobierno de», cronología de la crisis de enero.
- Texto del Pacto de Punto Fijo, 31 de octubre de 1958. Reproducción documental; los tres compromisos centrales se contrastan también con la entrada de Fundación Empresas Polar.
- Fundación Empresas Polar, «Las elecciones de 1947» y resultados comparativos de 1958, resultados de las elecciones presidenciales de 1958.
- Departamento de Estado de Estados Unidos, análisis de la situación venezolana en 1958. Fuente diplomática contemporánea con la perspectiva e intereses del gobierno estadounidense.
- World Bank, informe histórico sobre Venezuela que describe la Junta de 1958 y la transición electoral: documento.
- Fundación Empresas Polar, Pacto de Punto Fijo.