Una crisis anterior al candidato
La llegada de Hugo Chávez no se entiende si se empieza en la noche electoral de diciembre de 1998. El sistema político nacido tras 1958 había construido elecciones regulares y alternancia, pero también una relación muy centralizada entre Estado, renta petrolera y partidos. La caída de los ingresos, el endeudamiento, los ajustes económicos, la corrupción y la distancia entre dirigentes y ciudadanos minaron su legitimidad. El Viernes Negro de 1983, el Caracazo de 1989, los intentos de golpe de 1992 y la destitución de Carlos Andrés Pérez en 1993 fueron crisis distintas; juntas expresaron que el orden político ya no podía responder a la demanda de cambio con sus mecanismos habituales.
La crítica de MVGA relaciona el ascenso de Chávez con ese agotamiento y con la cultura de dependencia estatal que lo precedió. Esa lectura no significa que el sistema de partidos fuera idéntico al chavismo ni que todos los venezolanos votaran por las mismas razones. Significa que la oposición tradicional no logró recuperar credibilidad y que las promesas de una refundación radical encontraron un público amplio.
El golpe de 1992 y la construcción de una figura nacional
El 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez encabezó una rebelión militar contra el presidente constitucional Carlos Andrés Pérez. El intento fracasó. Tras la rendición, Chávez apareció en televisión y asumió la responsabilidad de sus fuerzas; su «por ahora» convirtió una derrota militar en una promesa política de retorno.
El episodio fue un golpe de Estado, no una protesta electoral. Sus causas y apoyos deben estudiarse, pero su fracaso no le otorgó un mandato para gobernar. El sistema político, sin embargo, no consiguió aislarlo como figura pública. Para parte de la población, Chávez representaba el castigo a una clase política desprestigiada; para otros, era un militar que había intentado derribar por las armas un gobierno elegido. Esa tensión acompañó toda su campaña.
En 1994, el presidente Rafael Caldera concedió sobreseimiento a los procesos judiciales seguidos contra los militares insurrectos. Chávez salió de prisión y pudo desarrollar una carrera política. La medida fue una decisión de gobierno dentro de un contexto de crisis y negociación; no equivale a una absolución sobre la legitimidad del golpe ni prueba que la élite política hubiera planificado el ascenso posterior de Chávez.
De movimiento insurreccional a campaña electoral
Chávez y sus aliados transformaron el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 en el Movimiento V República y construyeron una coalición electoral conocida como Polo Patriótico. Su mensaje combinaba rechazo a la partidocracia, promesa de combatir la corrupción, convocatoria a una Asamblea Constituyente y una nueva legitimidad fundada en el pueblo. La oferta tocaba agravios reales y ofrecía un cambio comprensible frente a partidos tradicionales asociados con gobiernos, pactos y una crisis económica persistente.
Los adversarios de Chávez enfrentaron problemas de credibilidad y coordinación. Irene Sáez, inicialmente una candidata con alto apoyo, perdió impulso cuando anunció su alianza con COPEI; Henrique Salas Römer terminó como principal rival, reuniendo a sectores que temían la propuesta chavista. El respaldo a Chávez también cambió durante la campaña: algunos partidos y figuras se sumaron a su coalición, mientras otros se apartaron. No fue simplemente «el pueblo contra los partidos»; fue una elección con alianzas, cálculos y preferencias que se movieron hasta el cierre.
Qué decidió el electorado
El 6 de diciembre de 1998, Chávez obtuvo 3.673.685 votos, el 56,20 % de los votos válidos. Salas Römer recibió 2.613.161 votos, el 39,97 %. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos documentó la elección y reportó que el 96 % de los votos válidos se concentró entre las dos principales alianzas. El resultado fue una victoria clara en las urnas.
Ese mandato debe reconocerse sin convertirlo en un argumento para todo lo que vino después. Los electores apoyaron a un candidato que prometía cambiar el sistema y convocar un proceso constituyente; no votaron por cada medida que un gobierno futuro pudiera tomar, ni renunciaron a sus derechos de oposición, organización y control del poder.
De la promesa constituyente a la nueva Constitución
La convocatoria constituyente era una promesa central de campaña. El 25 de abril de 1999 se celebró un referendo consultivo sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Luego se eligieron sus integrantes y, en diciembre, se sometió a referendo el texto de la Constitución de 1999. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconstruye esos pasos y reconoce su origen electoral.
La misma Comisión examinó el diseño institucional y el régimen de transición. En su informe de 2003 manifestó preocupación porque el régimen transitorio se extendió más allá de su temporalidad y asumió directrices legislativas que, a su juicio, excedían la función de transición. Esto ilustra una cuestión central para la historia de Chávez: un proceso puede comenzar con votos y, al mismo tiempo, generar conflictos sobre límites, separación de poderes y continuidad institucional.
La Constitución de 1999 amplió derechos, reorganizó los poderes públicos y cambió el nombre oficial del país a República Bolivariana de Venezuela. Su aprobación popular fue un hecho; también lo es que el nuevo orden abrió una disputa sobre la concentración de autoridad y el papel de las instituciones. La evaluación no debe reemplazar la cronología por una etiqueta: hay que estudiar cada reforma, sentencia, elección y decisión ejecutiva.
Lo que MVGA concluye
Chávez llegó al poder porque obtuvo una mayoría electoral en una sociedad que desconfiaba de los partidos y quería una refundación. La crisis no fue causada por un único presidente o por un solo partido, y la elección de 1998 no fue una simple manipulación: fue una decisión ciudadana real dentro de una crisis de legitimidad.
La lección para MVGA es que el rechazo al sistema puede abrir la puerta a un nuevo poder personal si la propuesta de cambio no define límites antes de gobernar. La oposición a la vieja política no garantiza instituciones mejores. Una Sexta República tendrá que resolver esa paradoja: permitir una ruptura política profunda y, al mismo tiempo, proteger el pluralismo, la separación de poderes, los derechos y la posibilidad de sustituir al gobierno por medios pacíficos.
Fuentes y referencias
- Georgetown University, Political Database of the Americas, resultados presidenciales de 1998. Compilación que atribuye los resultados al CNE; se contrastó con el informe de observación del Centro Carter.
- Organización de los Estados Americanos, misión de observación electoral de 1998, informe.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela (2009), capítulo de derechos políticos.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación general y el proceso constituyente (2003) y capítulo sobre el régimen transitorio.
- Constitución de 1999, copia de consulta de la Political Database of the Americas, Georgetown. Copia de consulta; este ensayo resume el proceso y no reproduce disposiciones como una edición oficial.
- Centro Carter, informe de observación de las elecciones de 1998, tabla de resultados del CNE.