Una propiedad que no se puede ejercer
Cuando un gobierno dice que una empresa pertenece a todos, el ciudadano puede preguntar qué derecho concreto le corresponde. ¿Puede conocer sus cuentas, elegir representantes, recibir información y participar de sus resultados? Si la respuesta depende de la buena voluntad del funcionario, la propiedad colectiva funciona principalmente como una fórmula política. El pueblo aparece en el discurso y desaparece cuando se toman las decisiones.
Renny Ottolina cuestionó esa distancia en su campaña. El discurso conservado por La Nueva Enciclopedia propone que trabajadores y otros venezolanos accedan a acciones de empresas estatales. Menciona compañías de telecomunicaciones y del sector industrial. La propuesta buscaba convertir una pertenencia proclamada en derechos que el ciudadano pudiera ejercer como copropietario.
Lo que propuso y lo que no debemos atribuirle
El mismo pasaje contempla conservar una mayoría estatal. Por eso no corresponde presentarlo como un programa de privatización completa. Su interés está en la apertura del capital y en la representación de accionistas minoritarios por su condición de propietarios, diferenciada de una intermediación sindical partidista. Es una propuesta de campaña, no la descripción de una transformación realizada.
También es importante separar su expectativa de sus resultados posibles. Renny relacionaba la participación accionaria con una mayor identificación del trabajador con la empresa. Eso constituye un argumento sobre incentivos; no prueba que desaparecerían los conflictos o que toda compañía se volvería eficiente. La propiedad abre derechos y riesgos que requieren reglas, información y capacidad de supervisión.
El límite de la empresa del pueblo
La crítica resulta especialmente pertinente en una tradición que equipara nacionalización con emancipación. Una empresa puede cambiar de dueño jurídico y continuar gobernada desde arriba, con trabajadores sin capacidad de decidir y ciudadanos sin información. La concentración estatal no distribuye automáticamente poder económico. Puede reunirlo en un ministerio y blindarlo con lenguaje social.
MVGA se opone a esa sustitución del ciudadano por un administrador que habla en su nombre. La discusión sobre propiedad debe examinar quién decide, quién asume pérdidas y quién recibe beneficios. Si los resultados negativos llegan al contribuyente y las ventajas quedan en una cúpula, llamar popular a la empresa no modifica la relación. El adjetivo no entrega un solo derecho.
Derechos de propiedad con cuentas visibles
Una aplicación actual tendría que precisar valoración de activos, acceso a acciones, protección de minorías, conflictos de interés y límites a la manipulación política. También debería evitar que trabajadores vulnerables sean presionados a invertir ahorros en una empresa cuyas cuentas desconocen. La propiedad auténtica requiere información y libertad para decidir; no puede ser otro mecanismo obligatorio de adhesión.
La contribución de Renny consiste en formular la pregunta antes de aceptar la consigna. Venezuela no necesita repetir que todos son dueños mientras unos pocos controlan todo. Necesita discutir instituciones que conviertan pertenencia, trabajo y ahorro en facultades reales. La reconstrucción económica comienza cuando el ciudadano deja de ser público de una ceremonia de nacionalización y puede actuar, por derecho propio, como propietario.
Fuentes y referencias
- Renny Ottolina · Discurso de campaña de 1978 · archivo de La Nueva Enciclopedia
- La Palabra Compartida #17 · Renny Ottolina, El Candidato