Ni la IV ni la V: cambiar las reglas del poder
La Sexta República es la propuesta de MVGA para superar una continuidad de dependencia entre Estado, renta y ciudadano. El relevo de una dirigencia puede abrir una oportunidad; la refundación debe alcanzar las reglas que permiten distribuir recursos por favor, concentrar nombramientos y confundir autoridad con obediencia.
La denominación expresa un horizonte político. No significa que una nueva República exista jurídicamente hoy ni que MVGA haya aprobado una Constitución o un presupuesto de gobierno. Su contenido debe poder discutirse: facultades, controles, competencias, financiación y garantías.
Qué debe cambiar
MVGA propone un Ejecutivo fiscalizado, justicia con independencia, autoridad electoral con designación transparente, gasto auditable y contratación abierta. Defiende propiedad e iniciativa para ampliar producción, y un servicio civil al que se acceda por capacidad. La descentralización necesita competencias y recursos definidos, no funciones que se transfieran sin medios para cumplirlas.
La protección social debe responder a criterios públicos y ofrecer caminos hacia la autonomía. La educación, la seguridad y la infraestructura deben tener continuidad. El ingreso petrolero necesita reglas de inversión y ahorro que resistan la volatilidad y puedan ser fiscalizadas.
Un proceso con legitimidad
Una reforma constitucional requiere decisión ciudadana libre, información y derechos para quienes discrepan. El órgano que se elija para esa tarea debe tener mandato y plazo definidos. La legitimidad de origen no concede una autorización para destruir los controles o perpetuarse.
La transición debe publicar compromisos y resultados, restaurar derechos y transferir autoridad a instituciones venezolanas legítimas. La cooperación internacional puede ayudar; el desenlace debe permitir que el país se gobierne.
La medida de una refundación
La nueva República tendrá sentido si el ciudadano puede trabajar, asociarse, producir y reclamar sin buscar un protector político. Sus promotores deben aceptar antes de gobernar los límites que exigen a los demás. La memoria nacional, la libertad y la capacidad estatal deben servir a esa autonomía.
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